Cumplidos nuestros 105 años continuamos con la serie recordatoria de eventos que marcaron la historia de la empresa.
2- La incorporación de los puertos del litoral a la ANP.
El cambio político del país a partir de 1933 impuso algunos desafíos a la ANP. Por un lado, fue necesario instrumentar la administración de los puertos del interior del país y tramitar la fusión institucional dispuesta por los decretos de abril y mayo de 1933; y por el otro enfrentar, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1934, el menor grado de autonomía funcional del ente respecto del Poder Ejecutivo.
El proceso de incorporación de los demás puertos de la República a la estructura administrativa de la ANP, de acuerdo a lo dispuesto por el decreto de 25 de abril de 1933, se fue realizando por etapas y siguiendo la lógica del ensayo y error.
El primer puerto en ser organizado con cierto nivel de injerencia de la ANP fue el puerto y zona franca de Colonia.
De acuerdo a un decreto del 7 de octubre de 1933 pasó a ser administrado por el Consejo Honorario de Administración del Puerto y Zona Franca de Colonia. A comienzos de 1934, por la ley Nº 9.207 del 13 de enero, se dispuso que el servicio de Capatacía de Colonia también pasara a depender del Consejo y de ese modo de la ANP.
Fotografía: Visita del Directorio de la ANP al puerto y zona franca de Colonia realizada el 8 de febrero de 1934.
Patrimonio Documental ANP. Autor s/d/ANP (UY-ANP-AF-ANG137)
![Visita del Directorio de la ANP al puerto y zona franca de Colonia realizada el 8 de febrero de 1934. Fotografía: Patrimonio Documental ANP. Autor s/d/ANP (UY-ANP-AF-ANG137)](/sites/default/files/styles/img_style_imagen_galeria/public/imagenes/noticia/2021-07/colonia.jpg?h=1d6b81ea&itok=2snGwlbo)
Un decreto del 7 de abril de 1934 hizo extensivo al puerto y zona franca de Nueva Palmira el mismo régimen de funcionamiento que estaba vigente para el puerto de Colonia.
Fue entonces administrado también por un Consejo Honorario de nueve miembros: un representante de la ANP que lo presidia; dos miembros natos en razón del cargo que ocupaban -el Receptor de Aduana y el Presidente de la Comisión Auxiliar de Nueva Palmira- y seis miembros electivos designados por corporaciones empresariales: los industriales, los comerciantes, la Comisión de Fomento, el Centro Agrícola, el Centro de Navegación Transatlántica y el Centro de Cabotaje.
Al año siguiente, a partir de la experiencia recogida, se consideró que el Consejo Honorario tenía demasiados miembros y se aprobó un nuevo reglamento el 13 de setiembre de 1935. Disponía que los puertos del interior y las zonas francas, donde estas existieran, fueran administrados por el Receptor o Subreceptor de Aduanas, y por un Consejo Consultivo Honorario de tres miembros que funcionaría cuando el Administrador del puerto lo creyera conveniente, integrado por el propio Receptor o Subreceptor de Aduanas, que lo presidiría como delegado de la ANP, y por otros dos miembros de la localidad, también nombrados por la ANP.
Además de la reducción del número de integrantes y del carácter consultivo del Consejo, el nuevo reglamento eliminaba la participación directa de las gremiales empresariales en la designación de sus delegados, aunque evidentemente podrían integrarlo siempre que las designaciones de la ANP recayeran en alguno de sus miembros.
El Consejo Consultivo sometería al Directorio de la ANP el plan de explotación y el reglamento de funcionamiento que serían, en lo posible, análogos a los vigentes para el puerto de Montevideo. Y propondría a la ANP, con "informes justificados" la creación de nuevos empleos rentados. La recaudación diaria sería depositada en una cuenta en el BROU, de la cual se tomarían los recursos para cubrir gastos de explotación y administración. El remanente sería transferido a la ANP a una cuenta especial en su Contaduría como fondo de reserva, con el cual hacer frente a eventuales déficit de los diversos puertos del país.
El mantenimiento, estudio y realización de las obras estaría a cargo de la Oficina de Hidrografía del Ministerio de Obras Públicas, con la intermediación del Directorio de la ANP, a quien la comisión local elevaría las propuestas de nuevas obras. A su vez, la administración local podría realizar contratos de servicio ad referéndum, pero luego debía someterlos a la aprobación del Directorio de la ANP.
Para poner en funcionamiento el nuevo sistema de explotación, a fines de octubre de 1935, la ANP envió una delegación a los puertos del litoral con el cometido de recibir de la Dirección General de Aduanas los servicios de Capatacías y el utilaje correspondiente a esos puertos, a la vez que entregarlos a los Receptores de Aduana de las respectivas localidades. La delegación visitó los puertos uruguayos de Colonia, Rosario y Concordia, Carmelo, Nueva Palmira, Dolores, Mercedes, Soriano, Fray Bentos, Paysandú y Salto.
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